DEMOCRACIA DIGITAL

por Luis Eduardo Díaz Franjul / eduardofranjul@yahoo.com

El costo de la democracia en términos de financiamiento a los partidos políticos incluiría, entre otros gastos no especificados, el gasto promocional y/o publicidad. En este punto hay que diferenciar el gasto como consecuencia de la publicidad de lo que es la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Esta última no tiene valor material ni relación alguna con los recursos que la Ley Electoral otorga a los partidos reconocidos por la Junta Central Electoral (JCE). La libertad de expresión y difusión del pensamiento es más bien una conquista de la democracia. Las leyes transparentan la democracia por lo que estaría bien la reforma de la Ley Electoral, una nueva Ley de Partidos y una Ley de Financiamiento de Partidos para que la madurez de la democracia y los procesos electorales sean un solo sendero.
Mientras alguien se anime a someter una nueva Ley de Financiamiento de Partidos consideremos lo siguiente. Antes y después de la Ley Electoral se ha hablado, se habla y siempre se hablará del uso de fondos públicos con fines políticos-electoreros. El problema se agudiza si el partido en el poder mezcla la campaña política con fondos públicos no contemplados en la ley. Se estima en RD$3,200 millones el fondo electoral oficial (si no hay cambios) a ser distribuido en el período 2013-2016 entre los 26 partidos políticos reconocidos por la JCE. Para calcular este monto tomamos como referencia el reportaje del periódico Diario Libre de fecha 20/2/2013, titulado “La Junta inicia reparto de fondos entrega el Estado a los partidos”, a partir del cual preparamos el trabajo “Partidos por el fondo” (Google).
Después de las elecciones, como se sabe, algunos partidos que resultan perdedores  alegan que el partido ganador que repite como gobierno (reelecto) usó recursos públicos no contemplados en la ley para salir airoso. Si al respecto hay una asidua campaña en contra, el reelecto tiene el mismo derecho de contraatacar, por lo menos cuestionando la transparencia en el manejo de los fondos entregados a los partidos de acuerdo a la ley, si los perdedores siguen insistiendo. Pero si el partido en el poder pierde, nadie en particular (vencidos y vencedores) vuelve a tocar el tema de los fondos públicos, sea dentro o fuera de la Ley Electoral. Como los fondos electorales se entregan anualmente, y en el año electoral (2016) se duplican, es recomendable tomar las medidas de lugar para evitar el cuestionamiento de esos fondos de parte de todos los partidos reconocidos por la JCE, vistas las acusaciones externadas por los bandos contrincantes después de las elecciones, como se ha visto.
 
Mientras tanto, en cualquiera de los casos, la JCE no emite opiniones porque, hasta donde tenemos entendido, no existe un organismo que fiscalice los fondos electorales. De ser así resultaría improcedente que el ganador o el perdedor cuestionen el uso de fondos públicos contemplados o no en la ley, a falta de la “transparencia financiera” que se observa en los partidos que reciben o usan fondos públicos, según se sabe o se alega. Para los supuestos casos de recursos con fines electorales fuera de la Ley Electoral, los tribunales del país son el medio indicado para presentar cargos y no el libre albedrío. El mismo procedimiento aplicaría también a los recursos entregados a los partidos si no se usan de acuerdo con la ley.
 
 
Hay cierta similitud entre el Archivo General de la Nación (AGN) y la JCE. El AGN registra papeles y documentos históricos, mayormente, y la JCE también registra papeles y documentos pero relacionados con la ciudadanía (pueblo votante) y los partidos favorecidos por el voto de la ciudadanía para determinar un ganador, lo que convierte a la JCE en un banco de datos con fines electorales. Esa es la función esencial de la JCE. Cuando se alega falta de transparencia en los fondos de campaña tampoco la hay en cuanto a la composición, estructura y funcionalidad de los partidos, por lo menos desde el punto de vista digital, a pesar de los millones que cada uno de ellos ingresa a sus arcas cada año. Es tiempo de que se corrija el esquema digital para que el pueblo conozca los partidos a cabalidad pues estamos frente a una anomalía digital que atenta contra la salud del proceso electoral y la propia democracia en la que solo el pueblo es el soberano y árbitro, y la JCE un medio de intermediación. Es un imperativo que el pueblo interactúe con los partidos reconocidos por la JCE sin ninguna dificultad usando las herramientas de internet. Y un deber de los partidos satisfacer los requerimientos del pueblo en este sentido. No creo que la JCE tenga problema con eso, con la transparencia digital, para lo cual tiene que conversar con los partidos.
 
El lector podría preguntarse: ¿Quién fiscaliza los fondos que el Estado entrega a los partidos? ¿Tienen los partidos una contabilidad para justificar el uso de esos fondos? ¿En qué los utilizan? Para comenzar, la actual cobertura digital  a nivel de partidos no es nada de fiar; no es solo un desastre sino una catástrofe. Los portales o páginas en internet son un arroz con mango, como decimos aquí. Hay partidos que dicen tener portales pero no aparecen, ni mucho menos el correo electrónico (Email). Más bien usan las redes sociales o el indescifrable “On line” y no el Email como medio 100% seguro para enviar/recibir mensajes o documentos.
No hay organigrama que identifique al partido para que sea considerado como tal; es ambigua y confusa su filosofía, planes, programas, metas, objetivos, etc. El portal es estático y no dinámico lo que impide transformaciones digitales para mantener los partidos actualizados en todos los sentidos. Con tal desorden, como el botón aquel de la muestra, es más que suficiente para deliberar sobre la vigencia y/o “transparencia electoral informativa” inherente a la “estructura partidarista” reconocida por la JCE, la que cada año que ingresa a sus arcas millones de pesos y/o fondos públicos. Aquí es donde el pueblo  aplica el refrán: “A río revuelto ganancia de pescadores”, y que permite a “cualquier persona o grupo” formar un partido político comenzando con el mínimo de firmas requeridas por la JCE, algo a lo que también hay que poner “asunto” mientras se mantenga el dilema de la “transparencia de fondos públicos” cada año.
 
Todo eso debería cambiar, donde además se incluyan otros elementos nuevos que no solo sea el “mínimo de firmas” como punto de partida para entrar al rebaño. Lo primero sería corregir la anomalía técnico-digital que adolece cada partido. Luego la plataforma digital conectiva (link) dentro del propio portal de la JCE que muestre el portal de cada partido. De esta manera la ciudadanía entra al portal de la JCE e inmediatamente se pone en contacto con los partidos gracias al link. Es hora de que la JCE delimite sus funciones de aquellas propias del quehacer electoral y las supere con creces con otras iniciativas que orienten la ciudadanía en cuanto a sus obligaciones y derechos como parte de un equilibrio electoral que dignifique el proceso y fortalezca la democracia cada cuatro años. La misma tecnología debiera aplicar al Congreso Nacional pues los senadores y diputados son representantes de partidos políticos. De esta manera habría una mejor comunicación entre el pueblo y sus representantes. Y así donde sea necesario. Mucho se ha hablado de la democracia, social democracia, democracia cristiana, democracia revolucionaria, etc. Es tiempo de que se hable de la democracia digital donde el pueblo interactúa con todas las instituciones y organismos del Estado, además de los partidos políticos. Hasta ahora esto no se ha logrado.
Es hora de que la JCE eduque la población, no solo sobre cómo y dónde votar u otras orientaciones, sino también  desde el punto de vista digital, como parte de un proceso paralelo a sus propias funciones reguladoras, como son las de llevar a un feliz término las elecciones nacionales. Se puede decir que una cosa contribuye con la otra para que eso sea posible. A pesar de que el resultado de las elecciones se traduce en cifras, se trata de números compuestos por dominicanos y dominicanas que merecen todo respeto por su fiel cumplimiento con el deber patriótico cada cuatro años. No es solo una manera de que los partidos (mayoritarios y minoritarios) justifiquen su existencia y los cargos públicos, algo que aumenta como mar revuelto con las alianzas cuando partidos minoritarios o mayoritarios acompañan al vencedor, lo que en los últimos años ha sido la constante más que un compromiso con la democracia. La política no es solo un asunto  de alianzas sino más bien un compromiso patriótico con el pueblo, para no verlo de otra manera y no como el caso de la rémora y el tiburón. Esperamos que estos argumentos sean considerados como una crítica constructiva en beneficio de la institucionalidad.