Narcisazo, sentencia e investigación 1ra.Parte

Óscar López Reyes

Sin dar por concluido el proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a la República Dominicana, por negligencia investigativa en la dolorosa desaparición del profesor Narciso González (Narcisazo). Procede ahora, obviamente,  que ese tribunal presente las pruebas que fundamentan su fallo, a fin de que sean sometidas a experticias y validadas a nivel local.
En buen derecho, esas piezas probatorias están signadas a ser útiles en la reapertura de la nueva pesquisa  que esa incoherente sentencia ordena, esta vez para ser ejecutada con mayor rigor técnico y científico por las autoridades judiciales dominicanas, a fin de explicar, definitivamente, el motivo de una ausencia que aún conmociona a la conciencia nacional.
Respecto a la sanción de la Corte, ésta era advertida -prima facie- por cinco razones: a) la desaparición no ha sido esclarecida, b) la deficiente defensa técnico-legal asumida por el Ministerio Público en representación del Estado, c)  la Corte se abalanza contra los gobiernos, por su naturaleza de proteger la dignidad humana; d) la tradicional debilidad de las instituciones oficiales que incentivan la sistemática violación a los derechos humanos, y e) las reiteradas acusaciones que se formulan contra el país, dentro y fuera.
Urge, aunque parezca una muy ardua tarea de aparente imposibilidad, insistir en la búsqueda del cadáver de Narcisazo para  establecer con exactitud, a través de una experticia forense, las circunstancias  efectivas de su muerte.
Si en la nueva plataforma inquisitiva no se estudia la hipótesis del suicidio, podríamos seguir buscando el objeto en la superficie, y no en el fondo. Esa hipótesis fue presentada a la Corte, marcada por tres deficiencias de la Procuraduría General de la República: 1) la expuso sin desarrollarla, 2) depositÚ fuera de plazo la carta que dejó Narcisazo a su hermano Rafael González (Fefelo), y 3) remitiÚ el testimonio de su amigo íntimo, Jimmy Sierra, sin carecer de la  inexplicable firma de éste.
Hasta ahora, la CIDH no ha presentado ningún elemento probatorio irrefutable. Y luce que se dejó influenciar  por las exposiciones apreciativas y subjetivas hechas ante esa Corte por prestigiosas personalidades de nuestro país con ansias de justicia, que interpretan  el sentir de la mayoría de los dominicanos.
En tal sentido,sería interesante que ese Tribunal contribuyera con su propuesta de ahondar en la pesquisa, remitiendo a la República Dominicana pruebas que pudiera poseer, y que permitan conducir al esclarecimiento de la desaparición. Así se descarta que no está repitiendo posibles leyendas que amplios sectores acogen ciegamente como verdades.
Extraña, pues, que esa alta y respetable instancia judicial,  disponiendo de indicios y quizás de pruebas, no haga afirmaciones, sino que hable de la posibilidad de la ocurrencia del hecho, como “habría estado detenidoÖ”, “habrían perdidoÖ.” y “el Tribunal consideró razonable presumirÖ.”. Patentiza que no ha inquirido  profundamente  en el terreno, para comprobar, probar o rechazar una cosa o la otra.
En ese contexto, es preferible secundar las declaraciones del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, de que este tipo de organismo no siempre actúa con imparcialidad. Y que dictamina ñañade este autor- basado muchas veces en documentos llevados por terceros interesados, motivados por prejuicios, retaliaciones y otros fines no confesados.
El autor es periodista y escritor.

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